El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó recientemente el proyecto de ley 24-25, que modifica la Ley 42 de 2011 sobre biocombustibles y energía a partir de biomasa, y que autoriza obligatoriamente la mezcla del 10 % de Bioetanol anhidro con las gasolinas en todo el país.
La propuesta fue consensuada con los sectores de la agroindustria (especialmente caña de azúcar), empresas petroleras y el gobierno, según fuentes oficiales.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
La iniciativa modifica la Ley 42/2011, que establecía los lineamientos nacionales para biocombustibles y generación de electricidad a partir de biomasa.
Con el proyecto 24-25 se autoriza obligatoriamente que la gasolina incluya un 10 % de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante.
Se establece que la Secretaría Nacional de Energía tendrá funciones para desarrollar programas, proyectos y apoyo al sector de biocombustibles, así como coordinar con los ministerios de Agricultura, Economía y Finanzas.
La mezcla al 10 % va acompañada de un impuesto homologado para combustible mezclado con bioetanol: aproximadamente US$0.60 por galón.
También se prevén incentivos para productores agrícolas y cooperativas rurales dedicadas a cultivos de caña y biomasa para biocombustibles.
Ventajas del proyecto
Menor dependencia de combustibles fósiles importados: Al producir localmente bioetanol y mezclarlo con gasolina, Panamá puede reducir importaciones energéticas.
Dinamismo rural y generación de empleo: Se estima que la producción de bioetanol a escala nacional podría generar más de 30 000 a 37 000 empleos, tanto directos como indirectos, en zonas agrícolas.
Beneficios medioambientales: Al usar aditivos de origen vegetal, se espera menor emisión de contaminantes, mejor combustión y un impulso a energías más limpias.
Oportunidad para agroindustria y cooperativas: Se incorpora un enfoque de producción desde zonas rurales, mediante cooperativas, lo que puede potenciar el desarrollo del campo.
Desventajas y retos
Capacidad de producción local: Si la industria nacional no logra producir suficiente bioetanol, habrá que importar, lo cual puede afectar la lógica de incentivo interno.
Costo y precios al consumidor: Aunque hay incentivos, la mezcla puede generar ajustes de precio o requerir inversiones en infraestructura de mezcla, almacenamiento y distribución.
Impactos en uso de tierra y alimentos: Dedicarse más a cultivos para biocombustibles puede competir con cultivos alimentarios o afectar la biodiversidad, especialmente en zonas sensibles.
Infraestructura técnica y logística: Será necesario reglamentos, estándares técnicos, supervisión y adaptación de estaciones de servicio, refinerías y logística de transporte de biocombustible.
Monitoreo y cumplimiento: La obligatoriedad de la mezcla exige control estatal, lo que implica recursos y mecanismos efectivos para asegurar que el porcentaje del 10 % se cumpla en todo el territorio.
Panorama y próximos pasos
El proyecto de ley ya fue aprobado por el Consejo de Gabinete y ahora deberá ser discutido y sancionado por la Asamblea Nacional de Panamá. Una vez aprobada, la implementación de la mezcla al 10 % se vislumbra como fase inmediata, con la Secretaría Nacional de Energía liderando la regulación, estándares técnicos y coordinación interinstitucional.
El gobierno estima que para 2026 la producción de bioetanol esté en marcha y plenamente integrada en la cadena de suministro nacional.
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